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Reporte Enero del OCDI

INFORME: Durante el mes de enero el observatorio da cuenta de varios hechos que reflejan la orientacion de la politica sobre los cultivos y los cultivadores en Colombia

Por Pedro José Arenas García

El Gobierno Nacional y las FARC EP anunciaron el 27 de Enero de 2017, mediante un comunicado el Acuerdo que permite el lanzamiento del “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito” PNIS, el cual está enmarcado en el Punto 4 del Acuerdo de Paz.

Gobierno y FARC presentan plan conjunto para sustitución de cultivos ilícitos 

Ese mismo día sesionó en Popayán la primera Asamblea deliberativa de la Coordinadora de Cultivadores y Trabajadores de coca, Amapola y Marihuana COCCAM, iniciativa organizativa de la que se venía hablando desde 2013 y que fue concretada en una reunión de delegados de más de 100 comités cocaleros del país, los días 10 y 11 de Enero en Bogotá. El Director de lucha integral contra las drogas Eduardo Díaz, dijo a la Prensa que no compartía la creación de esta organización. Y los lideres de COCCAM respondieron con una gran manifestación pública el 28 de Enero en la capital del Cauca. Ver este video.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha dispuesto que el Ministerio de Defensa lidere la eliminación de 100.000 hectáreas de coca en Colombia, para lo cual se cuenta con las unidades militares, de Policía, y el apoyo de los órganos judiciales, así como con los recursos económicos.

 

ESTE ES EL PLAN PARA ERRADICAR EN 2017 100.000 HECTÁREAS

Se establecieron ya los lugares de operación desde donde fuerzas combinadas de Ejército, Policía  (y Fiscalía) desarrollan las campañas (San José del Guaviare, Tumaco, Caucasia y Catatumbo). Dicen las FFMM que cada una de las 8 divisiones del Ejército cuenta ya con una Brigada de Antinarcóticos para un total de 20.000 hombres erradicando. El Plan piloto en su primera fase dura 65 días, los cuales ya están corriendo.

Gobierno pretende acabar con 100 mil hectáreas de coca en el 2017

 

DIRIGENTES DE ASCABRÍ PIDEN AL GOBIERNO NACIONAL REALIZAR UNA AUDIENCIA PARA DAR GARANTIAS A LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN NORTE DE ANTIOQUIA

La Asociación Campesina de Briceño Antioquia pidieron al Gobierno nacional realizar una audiencia con todas las instituciones que tienen a cargo las garantías de protección de derechos humanos urgentemente con el propósito de definir acciones concretas que garanticen la participación en la implementación de los acuerdos de paz en particular lo relacionado con la participación en los esfuerzos voluntarios por sustituir los cultivos de coca. A esto se suma que el Fiscal General denunció en Caucasia que los paramilitares están impidiendo la vinculación de las comunidades a este tipo de programas y la situación en Sur de Córdoba ha empeorado.

‘Clan Úsuga’ impide sustitución de cultivos ilícitos en Antioquia

Los muertos de la guerra por la coca en el Sur de Córdoba

 

ASPERSION TERRESTRE Y GUADAÑA LA “INNOVACION” DE INDEFENSA

Según el Ministro Villegas al instalar el Comando Especial de Operaciones Conjuntas contra el Narcotráfico en Tumaco, los “resultados muy positivos” son al utilizar guadañadora para cortar a ras de tierra la mata y luego se fumiga con glifosato.

Aspersión terrestre y guadaña, base de nuevo esquema de erradicación

 

COMUNIDAD DE VEREDAS DEL RETORNO GUAVIARE DENUNCIAN ERRADICACION CON QUIMICOS

El Observatorio recibió testimonios en reuniones con las Juntas de Accion Comunal del Retorno que desde el 22 de Enero en varias veredas de este municipio se adelanta fumigación terrestre de cultivos afectando también cultivos de pancoger.

Erradicación Forzada A Través De Químicos en Guaviare – Campesinos de el Retorno Llaman a Gobierno a Dialogo Directo

 

COMUNIDAD DE CORREGIMIENTO EL CAPRICHO GUAVIARE DENUNCIA DETENCION DE DOS CAMPESINOS POR PARTE DE EJERCITO

El hecho se presentó en la vereda Dorado de este corregimiento el día 27 de Enero cuando dos jóvenes fueron capturados y procesados en medio de una operación militar que destruyó un cambuyon. Los detenidos fueron trasladados a San José del Guaviare según le manifestó la directiva de la Asociación de Juntas Comunales a Pedro Arenas coordinador del Observatorio el día 28 de Enero.

 

LIDER COMUNITARIO DE LA TROCHA GANADERA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DENUNCIA DETENCION DE UN CAMPESINO (ADULTO MAYOR) EN ERRADICACION MANUAL

Según Carlos Coy líder comunitario de la Vereda Manglares, el día 20 de enero fue capturado un habitante de su vereda por parte del Ejército en una operación de erradicación manual de un pequeño cultivo en esa vereda. El campesino fue liberado después de haber sido llevado a San José en helicóptero. Se desconoce si tiene proceso judicial en curso.

 

POLICIA MUERE EN MEDIO DE ERRADICACIÓN EN CALAMAR GUAVIARE

Asesinan a policía en zona rural de Calamar, Guaviare

La erradicación manual continua en la Vereda La Argelia y otras vecinas de este municipio, según le comunicó al Observatorio la Cooperativa Cooagroguaviare.

 

EJERCITO NACIONAL EN ERRADICACION FORZADA 

EN TOLEDO Y SABANALARGA 

EN UNGUÍA  

EN SAN JOSE DEL PALMAR  

FEBRERO MES CLAVE PARA FUMIGACION MANUAL POR PARTE DEL EJERCITO 

 

EN ZULIA NORTE DE SANTANDER POLICIA DETIENE A LIDER DE ASCAMCAT 

La Asociación ASCAMCAT denuncia que esta captura de uno de sus lideres de Hacarí forma parte de la estigmatización y persecución contra esta organización.

Capturado dirigente campesino en Zulia, Norte de Santander

 

DETENCIONES ARBITRARIAS DE CAMPESINOS EN CAQUETA.

Campesinos de Caquetá denuncian detenciones arbitrarias

Persiguiendo campesinos y mujeres ¿esa es la lucha contra las drogas?

 

CAMPESINOS RETUVIERON A POLICIAS ERRADICADORES EN UNION PENEYA

Policías que iban a erradicar cultivos fueron retenidos por campesinos en Caquetá

Estos Policías estuvieron en medio de lo que los campesinos llamaron “un cerco humanitario” para impedir la erradicación de sus cultivos, dado que el jueves 26 de Enero habían llegado a un preacuerdo con el Gobierno Nacional para implementar un plan de sustitución, el cual consideran se ve boicoteado por el mismo Estado al usar la fuerza armada para la erradicación. La comunidad permitió el dia 3 de Febrero que los Policías salieran del cerco Humanitario gracias a la mediación de la defensoría del Pueblo.

 

FINALMENTE

El Gobierno Nacional se propone suscribir pactos de sustitución en los alrededores de las 27 zonas veredales transitorias de Normalización, al amparo del PNIS, el cual estará dirigido desde el Ministerio del Postconflicto por Eduardo Díaz Uribe. A las comunidades se les ofrecerán los beneficios del PNIS, pero en todos aquellos lugares donde las familias no se acojan a dicho programa se erradicará forzadamente de forma inmediata. Este condicionamiento sobre comunidades que derivan ingresos de la coca, la amapola o la marihuana es lo que me ha llevado a caracterizar el propósito de la sustitución como otra forma más de uso de la fuerza, perdiendo así el carácter voluntario, el cual al estar presionado por la sanción penal contra los cultivadores y la amenaza de la eliminación de sus cultivos se puede caracterizar como de SUSTITUCION FORZADA.

 

Del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos OCDI GLOBAL-INDEPAZ. Bogotá DC. Febrero 3 de 2017.

Nota de Prensa: Erradicacion Forzada A Traves de Quimicos en Guaviare

Erradicacion Forzada A Traves De Quimicos En Guaviare: Campesinos De El Retorno Llaman A Gobierno A Dialogo Directo

Fuente: Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCDI GLOBAL-INDEPAZ)

Por Sandra Yanneth Bermudez Marin
San José del Guaviare, Enero 25 de 2017

Dirigentes de 17 Juntas de Accion Comunal se manifestaron este miércoles 25 de Enero en San José del Guaviare ante el Gobernador de ese Departamento y demás autoridades debido a los impactos de la erradicación forzada que comenzó el Ministerio de Defensa en esta región. En una carta dirigida al Presidente de la República señalan:

“Con sorpresa hemos tenido que ver el desembarco de miembros de la fuerza pública que llegan en calidad de erradicadores a fumigar y erradicar manualmente los cultivos de coca, afectando no solo ésta, sino los cultivos de pancoger que se encuentran próximos.

Desde el pasado 11 de enero de 2017 han ingresado a las veredas Japón, Chaparral Medio, La Nueva Primavera y Caño Pavas, miembros de la policía antinarcóticos en helicópteros quienes desembarcaron en los cultivos de coca para erradicar las plantas.

El día 24 de enero descargaron en cinco ocasiones personal de la fuerza pública para que se desplacen vía terrestre y continúen la erradicación a familias que carecen de las condiciones mínimas para poder subsistir, sin que las entidades del Estado hayan realizado las acciones pertinentes y que les corresponde para garantizar el derecho a una vida digna.

Los campesinos de esta región no contamos con vivienda digna, luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, proyectos productivos, vías carreteables en buen estado, condiciones mínimas de seguridad que nos garanticen libre y tranquilo transito (se presentan atracos). Por el contrario seguimos siendo receptores de veneno y maltrato por parte del Estado, situación que se constituye en un detonante que puede desembocar en acciones de hecho que no queremos repetir.”

Los líderes comunales le piden al Presidente que se mantenga el proceso de construcción de un plan de desarrollo rural integral a través de una mesa de trabajo que han llamado GuaviareesPaz, la cual viene siendo acompañada por la Oficina de Eduardo Diaz Uribe, quien es el funcionario que lidera el tema sustitución de coca desde la Presidencia.
Estos hechos se registran precisamente cuando cocaleros de todo el país están adoptas de reunirse en Popayan Cauca este fin de semana próximo para hablar de su papel en la implementación de los acuerdos de paz.

De otra parte, el Observatorio de Cultivos y cultivadores declarados ilícitos OCDI GLOBAL-INDEPAZ se reunió este miércoles con la Asociación de Juntas del Retorno y pudo conocer que los campesinos del sector La Paz ubicado en la parte alta de la cuenca del Rio Inírida también están reclamando que se instale una Mesa en ese sector del Guaviare. Justamente hace un año los cocaleros de esa zona resistieron durante 3 meses los intentos de la Policía Antinarcóticos por erradicar forzadamente.
Para el campesinado es paradójico que mientras se está hablando de un acuerdo de paz y se está llamando a la comunidad a apoyar la implementación y a realizar acuerdos de sustitución voluntaria al mismo tiempo el Gobierno Nacional ordene operaciones que agravan los problemas sociales, generan desplazamiento forzado, rompen las economías campesinas sin ofrecer alternativas y se hacen mediante el uso de la fuerza en contra de poblaciones humildes”.

‘Symbol of life’: where taking drugs is a sacred act

The war on drugs is presented as a battle against social evils. But from the Andes to the Caribbean, prohibition has criminalised cultural expression.

By: BENJAMIN RAMM 26 April 2016

COCALEAFARTICLE

Coca leaf producers, Bolivia, 2013. PA Images / Juan Karita. All rights reserved.

It begins with the careful parceling out of coca leaves, into small bundles calledk’intus. The tip of each leaf points to the sky, to Inti (the sun god), while the stem is directed to Pachamama, mother earth. The bundle is blessed with a gentle breath, and offered as a gift to a sacred place, sometimes with a wish (‘may the rain stop’). The bundles are then exchanged – k’intus are always prepared for others, unless one is alone. Elders are prioritised, as are guests; reciprocity is key, and the process is an important part of social mediation. Once the exchanges are complete, a benediction is shared: hallpakusunchis.Let us chew coca together.

This ritual is performed up to five times a day across the Andes, binding people to their communities and their ancestral traditions. “Coca is our culture and our identity”, Bolivia’s president Evo Morales told the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) last week, emphasising that for indigenous people the plant is a symbol of life, not death. In the nations that make up the former Inca empire – Bolivia, Peru, Ecuador, Chile, and northern Argentina – the consumption of this plant is legal; yet under international law, coca leaf is classed as a narcotic drug on a par with cocaine. In 2016, the EUstill refuses to back an amendment to the 1961 Single Convention that would acknowledge the legitimacy of coca consumption.

Critiques of the ‘war on drugs’ focus disproportionately on the developed world: on a lack of harm reduction, and the futility of prohibition. But in the developing world, an actual war is taking place, with unprecedented levels of violence – during Mexico’s counter-narcotics surge between 2007 to 2014, an estimated 164,000 people were killed, a higher number than in Iraq and Afghanistan combined.

For indigenous people the plant is a symbol of life, not death.

Militarisation has been selectively implemented: the Netherlands is a leading producer of illegal narcotics, but it is unthinkable that it would become a theatre of war. In Colombia, a 20-year US-funded campaign to eradicate coca by aerial bombardment has failed not only to reduce supply, but contaminated waterways and food crops, and may have carcinogenic consequences (according to the WHO, glyphosate is “probably cancer-causing”). President Juan Manuel Santos highlighted the double-standard in the General Assembly: “how do you tell a Colombian peasant that he can’t grow marijuana when people in Colorado can?”

Colombia is the de-facto leader of the Cartagena group, a loose confederation of reform-minded nations, opposed to what Santos describes as “counterproductive and cruel” criminalisation. Across the continent, prohibition is advocated by authoritarian statists on both the left and right, while reform is a position derived either from conviction, practicality, or fatigue. The global north has viewed Morales as a comrade of Castro, but Cuba has been among the most aggressively prohibitionist advocates in recent decades. In truth, Morales is more of an indigenist than a socialist; unlike Castro, his politics are more communitarian than statist. Even politicians friendly to the US, such as Mexico’s plutocratic president Enrique Peña Nieto, are breaking with prohibition. Peña Nieto attended the UNGASS after a dramatic volte-face, and surprised the Assembly by calling for “a transition from prohibition to effective prevention and effective regulation”.

At a pop-up exhibition in midtown Manhattan called “The Museum of Drug Policy”, I met Amapola (‘opium poppy’), a Peruvian peasant activist at odds with her government’s increasingly hawkish approach to prohibition. She told me about being excluded from the process of decision-making: “we have no real participation – agriculture is not represented, and the interests of farmers are neglected”. Outgoing president Ollanta Humala, elected on an indigenist-leftist ticket, failed to improve conditions. “We have not seen greater justice: there is still repression, and little respect for the rights of workers and peasants”.

Now, to the horror of human rights campaigners, Peru is set to elect Keiko Fujimori, daughter of an imprisoned ex-president whose office was characterised by privatisation, corruption, and repression. Amapola says that Keiko is “a candidate of the capital [Lima], and of capitalists”, and remembers Fujimori’s tenure as a time of “assassinations, incarcerations, disappearances” – it was he who pursued a policy of forced sterilisation in indigenous areas; arguably an act of genocide.

This issue has thrust the Caribbean to the forefront of the reformist movement.

At a roundtable discussion at the exhibition, policy analyst Vicki Hanson described the criminalisation of cannabis as “a war on culture” – an assault on Rastafarian religious tradition. Hanson challenged the audience to look beyond the recreational image of marijuana to acknowledge its ceremonial and medicinal significance. This issue has thrust the Caribbean to the forefront of the reformist movement. “Jamaica is the new Bolivia”, says Pien Metaal of the Transnational Institute. Metaal is insightful on how prohibitionist drug policy evolved from a limited European understanding of the ritual role of hallucinogenic plants. Liberalism is astute on the virtue of personal choice, but it underestimates the importance of communal bonds.

The late Eduardo Galeano, always a perceptive observer of the iniquities of globalisation, wrote on the eve of the millennium:

“Five centuries ago, the people and the lands of the Americas were incorporated into the world market as things. A few conquerors, the conquered conquerors, were able to fathom the American plurality, and they lived within it and for it; but the Conquest, a blind and blinding enterprise like all imperial invasions, was capable of recognising the indigenous people, and nature, only as objects to be exploited or as obstacles. Cultural diversity was dismissed as ignorance and punished as heresy, in the name of a single god, a single language and a single truth, and this sin of idolatry merited flogging, hanging or the stake.”

Embrace legalisation, say the reformists, and incorporate drugs into the world market of things, so they may be treated as a commodity, like soya or timber. But this ought to tell us that liberalisation is only a limited solution: the global market is inherently indifferent to the fates of those cultivating and producing goods. Most consumers are unconcerned by the conditions of those who toil, in part because their labours are out of sight. Legalisation of narcotics will not solve the social crises of the global south, although it will bring greater peace and stability and lessen corruption. Social justice requires a profound shift in our relationship with the developing world: one that is symbiotic, rather than parasitic. And it demands we reassess our attitude to how other cultures use drugs – because, as Amapola says, “it is more important than the market; it is sacred.”

This article is published as part of an editorial partnership between openDemocracy and CELS, an Argentine human rights organisation with a broad agenda that includes advocating for drug policies respectful of human rights. The partnership coincides with the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs.

 

NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR: EL FRACASO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

15 AÑOS DEL PLAN COLOMBIA EN EL  PUTUMAYO

Escrito por Marcela Muñoz

plan colombia (1)

Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbios

Hoy el gobierno nacional celebra la firma de quizás uno de los pactos binacionales (Colombia- EEUU) más importantes para los gobiernos que desde 1998 han logrado recibir los recursos económicos y logísticos de la cooperación de Estados Unidos. Estos, se aportaban a fin de financiar la guerra contra el narcotráfico y apoyar proyectos basados en el Desarrollo Alternativo en territorios afectados por cultivos de coca,  pero en realidad su espíritu era fortalecer a las fuerzas militares del país para confrontar a la insurgencia. El Plan Colombia también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz, ha invertido en el departamento del Putumayo alrededor de $500 mil millones de pesos, lo que ha significado para lo putumayenses la agudización del conflicto político, social y armado, ha dejado un número aún no preciso de campesinos, indígenas y afrosdescendientes víctimas de la injusticia social, según cifras oficiales las personas desplazadas ascienden a 4.000, la persecución al movimiento social  por fuerzas estatales y paraestatales, falsos positivos, dirigentes sociales victimas de montajes judiciales, campesinos judicializados por Ley 30, lo que hace parte de la grave situación de derechos humanos y esto sumado a la crisis económica que ha incidido en el aumento de los cultivos de coca a lo largo y ancho del departamento.

plan colombia 15 años

Una de las evidencias de la financiación a las fuerzas militares es que en el departamento opera una de las bases más grandes de Antinarcóticos del país que vigila la infraestructura del oleoducto Trasandino y la presencia de 3 batallones minero energético,  la militarización del territorio coincide con el aumento en la violación a los derechos humanos. Otra de las estrategias nefastas el marco de este acuerdo fue el uso de glifosato para las fumigaciones de cultivos de coca, una guerra biológica que bajo la teoría del enemigo interno ha dejado no solo miles victimas a razón de los efectos nocivos de las aspersiones sino que además genero desencuentros con el hermano país de Ecuador, lo que le costó a los colombianos 15 millones de dólares.

Muchos proyectos desfilaron por los municipios del departamento, las semillas milagrosas que generaban falsas expectativas de vida digna para muchos campesinos a cambio de erradicar sus cultivos de coca, cultivos que hasta la fecha les han permitido subsistir económicamente, muchas agencias de cooperación prometieron asistencia técnica, cadenas de comercialización, productividades inimaginables, lo cierto es que hoy en el departamento existen muchos de los mal llamados “elefantes blancos” que a cuenta de la corrupción o las fumigaciones no permitieron que los proyectos productivos tuvieran los resultados esperados, y con la certeza de los engañados los dineros que debían terminar en implementar proyectos basados en el “desarrollo alternativo “ terminaron en los bolsillos de particulares y políticos, y así los campesinos retomaban el cultivo de coca como única alternativa económica para sostener a sus familias realidad que a la fecha persiste.

De ahí que sea necesario buscar salidas integrales, sostenibles y participativas. Para esto es necesario  comprender que los campesinos, indígenas y afrodescendientes sembramos coca como una alternativa de sobrevivencia y que estamos dispuestos a sustituir de forma gradual y voluntaria el ingreso derivado de este cultivo en la medida en que el gobierno implemente concertadamente con las comunidades estrategias integrales  que sustituyan el uso de dichos cultivos por una producción agrícola que dignifique nuestra vida como  habitantes rurales de esta región amazónica.

15 años del plan colombia

Hoy el mundo vive un panorama favorable que permite discutir desde la sociedad civil los nuevos enfoques necesarios alrededor de la política internacional antidrogas, esta discusión a portas del “pos-acuerdo” en Colombia es relevante para no continuar cometiendo los errores del pasado y para hacer realidad la paz tan anhelada sobre la base de la justicia social, por tanto instamos al presidente Juan Manuel Santos a construir una política pública con  énfasis en el Desarrollo Rural  Integral que permita a los campesinos sustituir el ingreso derivado de los cultivos de uso ilícito de manera gradual y concertada.

Como organizaciones sociales del departamento  aplaudimos los avances suscitados entre las FARC- EP y el gobierno nacional, en el cuarto punto en los Diálogos de Paz en la Habana que trata el tema de drogas y narcotráfico, creemos que es el punto de partida del desarrollo rural en la región, pero para iniciar este camino, es preciso, entre otros aspectos, materializar nuestro PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO AMAZONICO 2035 (PLADIA 2035), como herramienta de planificación regional, participativa y sostenible, nuestra apuesta es avanzar en la construcción de una región con un alto sentido por la vida y el territorio que le niegue el espacio a la guerra.

Estamos  a la altura de las circunstancias históricas que hoy vive el país, le apostamos a la paz con justicia social, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbios no celebramos la implementación de políticas como el plan Colombia que ha dejado a su paso miles de víctimas en el departamento, seguimos ratificando nuestro propósito de concertar con gobierno nacional un Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para la región, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a renunciar a los 6 frentes para la sustitución de los cultivos ilícitos, porque para las comunidades es el reciclaje de las políticas ya implementadas en el territorio, entendemos que en la medida en que en Colombia se continúen implementando proyectos desarticulados, aislados de las comunidades no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que son el origen de la presencia de los cultivos de uso ilícito en el territorio.