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Hartos de ser víctimas de la guerra contra las drogas

Escrito por Bram Ebus  (febrero 6 de 2016 – El Turbión)

Plantación de coca - Foto: Bram Ebus.

Plantación de coca – Foto: Bram Ebus.

Durante la tercera semana de enero, 23 kg de galletas, ron, aromáticas y otros productos fueron incautados por la aduana en el aeropuerto de Schiphol en Holanda. La razón: se utilizó hoja de coca en todos estos productos. La carga fue llevada por un grupo de colombianos que habían llegado a los Países Bajos para participar en el segundo Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas (Fmppp). Junto a los colombianos llegaron agricultores de 14 países para discutir los problemas que están enfrentando a consecuencia de la brutal guerra contra las drogas.

Entre los agricultores había productores de coca de los países andinos, cultivadores de amapola de Myanmar y agricultores de cannabis del Caribe. Todos se reunieron en Heemskerk, un poblado en el norte de Holanda. Su mensaje luego del foro es claro: la ilegalidad de la coca, la cannabis y la amapola debe ser eliminada de las convenciones de la ONU. Estas plantas se confunden erróneamente con los drogas que se fabrican a partir de ellas y, por ello, los participantes sostienen que ninguna planta debe ser criminalizada. La incautación del ron y las galletas, por ser derivados de la hoja de coca, es un hecho irónico y más aún en el marco del foro.

El mayor problema que enfrentan los productores de estas plantas es la dura guerra global contra las drogas, ya que ésta incluye la lucha contra los cultivos de uso ilícito, lo que está causando altos niveles de pobreza y conflicto, situaciones que impactan específicamente a los campesinos.

Por ello, los cultivadores y los organizadores del foro, el Transnational Institute (TNI) con sede en Amsterdam, no sólo buscaban discutir sobre estas problemáticas sino también que las conclusiones del mismo se presenten en abril de este año en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que será sin duda la principal cumbre sobre política internacional de drogas.

El estereotipo que identifica el problema como un asunto de bandas violentas y narcotraficantes asesinos no se ajusta a los agricultores de plantas de uso ilícito. Sin embargo, estas personas son a menudo vistas como la causa del problema de las drogas, pero se debe entender que son las víctimas, pues, en general, simplemente no pueden mantener a sus familias con cultivos de pan coger y en no pocas ocasiones reciben presiones de grupos armados para sembrar estos productos.

Por ejemplo, en Colombia y en Myanmar los campesinos carecen de la ayuda del Estado y de buenos servicios públicos. Además, no es rentable para ellos llevar otro tipo de cosechas a los a los mercados porque, simplemente, resulta costando más el transporte que lo que dan sus cosechas, por lo que al final pierden todo su dinero cuando apuestan por los cultivos legales.

Calixto Bustos, cultivador de coca colombiano - Foto: Bram Ebus.

Calixto Bustos, cultivador de coca colombiano – Foto: Bram Ebus.

Calixto Bustos, cultivador de la hoja de coca colombiano, dice que en su región vende 22 kg de plátanos por apenas un euro (COP 3.700), lo mismo que cuesta un pequeño queso que vio en una tienda en los Países Bajos. Señala que, con la falta de infraestructura adecuada y los bajos precios de los productos agrícolas, muchos campesinos no logran mantenerse a sí mismos. “¿Qué es lo que hace el agricultor? Él cultiva la hoja de coca. No es para hacerse rico sino para sobrevivir.

Estamos en el peldaño más bajo de la escalera de la producción de cocaína”, asegura Calixto. De los cincuenta euros (COP 185.000) que pagan los consumidores por un gramo de cocaína en los Países Bajos, al final de la cadena casi nada le llega al agricultor. “Personalmente, no tengo miedo decir que cultivo la hoja de coca […] no tengo miedo de decir que el gobierno, con su política agraria y su indiferencia hacia el campesinado, me ha obligado al cultivo de la coca”, recalca.

El cultivo de estas plantas como forma de subsistencia no está exento de riesgos. En las últimas décadas han sido fumigadas extensas áreas con herbicidas cancerígenos por la Policía colombiana. Estos venenos han causado daños irreparables a la naturaleza, los cultivos de pan coger, la ganadería y la salud pública. Los cocaleros colombianos son tratados como delincuentes y se encuentran en el núcleo del conflicto interno. “El plan de ataque del gobierno de Colombia y los EE.UU. contra la planta de coca no tiene en cuenta lo que podría pasar a los agricultores”, añade Calixto.

Fidel Próspero Ayala, cocalero peruano - Foto: Bram Ebus.

Fidel Próspero Ayala, cocalero peruano – Foto: Bram Ebus.

“Con la actual política de drogas han tratado de destruirnos”, dice por su parte el peruano Fidel Próspero Ayala. La guerra contra las drogas en Perú ha condicionado su vida: Fidel nació en uno de las valles más conflictivos en la región andina: el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAE), hogar de más de 50.000 productores de coca a quienes él representa, como presidente de la Federación de Productores Agrícolas del valle del río Apurímac y Ene (Fepavrae).

Fidel creció durante el auge del movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso, que mató a su madre y a su abuela. El propio Fidel, a los 15 años, se vinculó por un tiempo al grupo paramilitar Rondas Campesinas y no sólo para combatir a Sendero sino también a un Ejército del Perú que apenas distingue entre criminales y agricultores.

Fidel no tiene otra manera de sobrevivir sino mediante el cultivo de la coca:

“Queremos que el gobierno nos reconozca como agricultores cocaleros, como productores cocaleros, no como narcotraficantes, no como narcoterroristas. El gobierno peruano siempre nos margina a todos los productores cocaleros. No somos narcosenderistas y no somos narcotraficantes. El gobierno siempre nos ha marginalizado y mal etiquetado. Somos agricultores y campesinos cocaleros que realmente cultivan la coca para alimentar a sus familias.”

Además de que los agricultores sean las principales víctimas de la política de guerra contra las drogas, se puede cuestionar su efectividad porque tiene un impacto enorme sobre sectores sociales de gran vulnerabilidad, como estos agricultores, mientras que la demanda de sustancias psicoactivas no ha disminuido durante las últimas décadas.

De otra parte, muchos cultivos ilícitos también son usados con fines inocentes. Por ejemplo, la delegación de Myanmar compartió en el foro que el opio es una excelente medicina contra la diarrea, la gripe y la tos, siendo también es un buen analgésico. Las tradiciones y la cultura son factores importantes para el consumo, por ejemplo, de la hoja de coca, que se encuentra a la misma distancia de la cocaína como se encuentra una botella de champú o unas baterías del cristal de metadona.

Abdellatif Adebibe, cultivador de marihuana de Marruecos - Foto: Bram Ebus.

Abdellatif Adebibe, cultivador de marihuana de Marruecos – Foto: Bram Ebus.

De la misma forma, en Marruecos no se valora la marihuana y uno de sus derivados: el quife. Abdellatif Adebibe recuerda con entusiasmo que la primera Biblia y la primera Constitución estadounidense se imprimieron sobre papel hecho de cannabis. También explica que el cáñamo es útil como textil y habla de la gran cantidad de usos medicinales de la marihuana. Sin embargo, el gobierno marroquí prohibió desde 1957 todo lo que tenga que ver con el quife.

Hay muchos agricultores dispuestos a cambiar sus cultivos de uso ilícito por otros legales, pero sienten que no son apoyados por sus propios gobiernos. Por el contrario, a menudo sienten que están recibiendo los golpes más duros del látigo y nunca reciben ningún tipo de ayuda. Según todos los participantes del foro, es absolutamente claro que se deben crear alternativas para ellos, pero lo que pasa con frecuencia con la erradicación es que se ven obligados a plantar el doble para que en su próxima cosecha puedan evitar la pérdida de ingresos.

Min Thein, de Myanmar, dice que cultivó amapola durante tres años, hasta que la Policía destruyó sus cultivos e hizo la tierra inutilizable. “Nosotros, como agricultores, plantamos todo lo que nos mantiene con vida. Por lo tanto, también cultivamos amapola. Si el gobierno quiere darnos apoyo en la sustitución de los cultivos de amapola a cultivos legales sería muy bueno”.

Hoy, la mayoría de los agricultores han regresado a sus casas y a sus tierras, donde continuarán su lucha por ser reconocidos y por mejorar su situación. Las esperanzas están puestas la sesión especial de Naciones Unidas, donde, por primera vez, se esperan cambios significativos en la política internacional de guerra contra las drogas. La ONU tiene que asumir su responsabilidad y alentar a los gobiernos a cambiar su estrategia.

Habrá que escuchar mejor a los agricultores, personas que se ven afectadas por la ilegalidad de sus cultivos y que siempre están vetadas de los debates internacionales. Los cultivos alternativos, el mejor acceso a semillas, la descriminalización de los agricultores y la oferta de recursos para que puedan tener un mayor acceso a los mercados legales podrían marcar la diferencia.

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* Publicado originalmente por Vice Holanda.

NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR: EL FRACASO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

15 AÑOS DEL PLAN COLOMBIA EN EL  PUTUMAYO

Escrito por Marcela Muñoz

plan colombia (1)

Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbios

Hoy el gobierno nacional celebra la firma de quizás uno de los pactos binacionales (Colombia- EEUU) más importantes para los gobiernos que desde 1998 han logrado recibir los recursos económicos y logísticos de la cooperación de Estados Unidos. Estos, se aportaban a fin de financiar la guerra contra el narcotráfico y apoyar proyectos basados en el Desarrollo Alternativo en territorios afectados por cultivos de coca,  pero en realidad su espíritu era fortalecer a las fuerzas militares del país para confrontar a la insurgencia. El Plan Colombia también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz, ha invertido en el departamento del Putumayo alrededor de $500 mil millones de pesos, lo que ha significado para lo putumayenses la agudización del conflicto político, social y armado, ha dejado un número aún no preciso de campesinos, indígenas y afrosdescendientes víctimas de la injusticia social, según cifras oficiales las personas desplazadas ascienden a 4.000, la persecución al movimiento social  por fuerzas estatales y paraestatales, falsos positivos, dirigentes sociales victimas de montajes judiciales, campesinos judicializados por Ley 30, lo que hace parte de la grave situación de derechos humanos y esto sumado a la crisis económica que ha incidido en el aumento de los cultivos de coca a lo largo y ancho del departamento.

plan colombia 15 años

Una de las evidencias de la financiación a las fuerzas militares es que en el departamento opera una de las bases más grandes de Antinarcóticos del país que vigila la infraestructura del oleoducto Trasandino y la presencia de 3 batallones minero energético,  la militarización del territorio coincide con el aumento en la violación a los derechos humanos. Otra de las estrategias nefastas el marco de este acuerdo fue el uso de glifosato para las fumigaciones de cultivos de coca, una guerra biológica que bajo la teoría del enemigo interno ha dejado no solo miles victimas a razón de los efectos nocivos de las aspersiones sino que además genero desencuentros con el hermano país de Ecuador, lo que le costó a los colombianos 15 millones de dólares.

Muchos proyectos desfilaron por los municipios del departamento, las semillas milagrosas que generaban falsas expectativas de vida digna para muchos campesinos a cambio de erradicar sus cultivos de coca, cultivos que hasta la fecha les han permitido subsistir económicamente, muchas agencias de cooperación prometieron asistencia técnica, cadenas de comercialización, productividades inimaginables, lo cierto es que hoy en el departamento existen muchos de los mal llamados “elefantes blancos” que a cuenta de la corrupción o las fumigaciones no permitieron que los proyectos productivos tuvieran los resultados esperados, y con la certeza de los engañados los dineros que debían terminar en implementar proyectos basados en el “desarrollo alternativo “ terminaron en los bolsillos de particulares y políticos, y así los campesinos retomaban el cultivo de coca como única alternativa económica para sostener a sus familias realidad que a la fecha persiste.

De ahí que sea necesario buscar salidas integrales, sostenibles y participativas. Para esto es necesario  comprender que los campesinos, indígenas y afrodescendientes sembramos coca como una alternativa de sobrevivencia y que estamos dispuestos a sustituir de forma gradual y voluntaria el ingreso derivado de este cultivo en la medida en que el gobierno implemente concertadamente con las comunidades estrategias integrales  que sustituyan el uso de dichos cultivos por una producción agrícola que dignifique nuestra vida como  habitantes rurales de esta región amazónica.

15 años del plan colombia

Hoy el mundo vive un panorama favorable que permite discutir desde la sociedad civil los nuevos enfoques necesarios alrededor de la política internacional antidrogas, esta discusión a portas del “pos-acuerdo” en Colombia es relevante para no continuar cometiendo los errores del pasado y para hacer realidad la paz tan anhelada sobre la base de la justicia social, por tanto instamos al presidente Juan Manuel Santos a construir una política pública con  énfasis en el Desarrollo Rural  Integral que permita a los campesinos sustituir el ingreso derivado de los cultivos de uso ilícito de manera gradual y concertada.

Como organizaciones sociales del departamento  aplaudimos los avances suscitados entre las FARC- EP y el gobierno nacional, en el cuarto punto en los Diálogos de Paz en la Habana que trata el tema de drogas y narcotráfico, creemos que es el punto de partida del desarrollo rural en la región, pero para iniciar este camino, es preciso, entre otros aspectos, materializar nuestro PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO AMAZONICO 2035 (PLADIA 2035), como herramienta de planificación regional, participativa y sostenible, nuestra apuesta es avanzar en la construcción de una región con un alto sentido por la vida y el territorio que le niegue el espacio a la guerra.

Estamos  a la altura de las circunstancias históricas que hoy vive el país, le apostamos a la paz con justicia social, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbios no celebramos la implementación de políticas como el plan Colombia que ha dejado a su paso miles de víctimas en el departamento, seguimos ratificando nuestro propósito de concertar con gobierno nacional un Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para la región, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a renunciar a los 6 frentes para la sustitución de los cultivos ilícitos, porque para las comunidades es el reciclaje de las políticas ya implementadas en el territorio, entendemos que en la medida en que en Colombia se continúen implementando proyectos desarticulados, aislados de las comunidades no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que son el origen de la presencia de los cultivos de uso ilícito en el territorio.

2015: the Year of Ganja in Jamaica

Will 2016 be the year for Ganja internationally, as we move towards the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016?

Written by Vicki Hanson


The issue of ganja played very prominently in our society in 2015 with some advocates trumpeting the dawn of a “new green golden kingdom”, while some opponents predicting the doom of our youths to the “green demon”. However, a sober analysis of the situation will reveal that even though there were indeed some victories in relation to how we treat with ganja in Jamaica, there is still a lot more to achieve and pitfalls to be mindful of in relation to our policy on establishing a fully legally regulated ganja industry.

Ganja strides in 2015:

The beginning of 2015 saw the inaugural “International Cannabis Investors Conference being held at the Jamaica Conference Centre from January 28 to 29. This saw a number of international cannabis (ganja) business enthusiasts’ descending on the Conference Centre to scope out potential for investing in Jamaica’s ganja industry even though they were not sure what was happening with the Draft Bill to amend the Dangerous Drugs Act, that would allow for ganja to be used for medical, therapeutic or scientific purposes.

Then in February the Houses of Parliament 2015 passed “an Act to Amend the Dangerous Drugs Act so as to provide for, among other things, the modification of penalties for the possession of ganja in specified circumstances, and for a scheme of licenses, permits and other authorizations for medical, therapeutic or scientific purposes”.

In April, the “Ganja Law” as it is commonly referred to, was gazetted with the publishing of a list of recommendations on how the Amendment to the Dangerous Drugs Act (DDA) would be effected in relation to the herb. What was important to note and to continually highlight here, is that the amended law didn’t legalize ganja, but instead decriminalized the possession of small quantities (2 ounces or less) and recognized the sacramental use of the plant by the Rastafarian community. The amendment also made way for the medicinal, therapeutic and scientific use of the plant, thereby recognizing a provision that was always available under the United Nations Conventions on Narcotic Drugs. In this same month on April 20, the University of the West Indies (UWI), Mona was granted a Ministerial Order by the Minister of Science, Technology, Energy and Mining, under Section 7 (d) of the newly amended DDA to cultivate cannabis and engage independent growers of the plant for research purposes. This led to the historic signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the UWI (Mona) and the Ganja (Future) Growers and Producers Association on April 24. The period also saw the Cabinet granting approval for a 16 member Cannabis Licensing Authority, with the mandate to regulate the planned hemp and medicinal ganja industry.

In early May the members of the Cannabis Licensing Authority (CLA) were announced by the Minister of Information, along with the mandate to ensure that the Jamaica’s ganja regulations do not contravene our international obligations. In addition to the announcement of the CLA, there was also a significant contribution made to the international community by the Minister of Justice, Senator the Honourable Mark Golding. On May 7, Senator Golding participated in a plenary session with several member states at the United Nations in a High Level Thematic Debate on International Drug Policy in preparation for the UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem (UNGASS) scheduled for April 19-21 2016. Minister Golding highlighted Jamaica’s perspectives called for open and inclusive discussions, including the creation of an expert advisory group to review the United Nations drug policy control architecture. Senator Golding’s statement can be viewed as indicative of the leading role that Jamaica is expecting to take in the Caribbean region on the issue of international drug policy. While on May 14, the University of Technology (UTech) was also issued a Ministerial Order by the Minister of Science, Technology, Energy and Mining at its Medical Marijuana Integration Day.Under the theme “Cannabis Reclaimed” the President of the UTech outlined the intent of the institution to reap the “social benefits” of ganja that was highly anticipated from the emerging industry.

In June the Cannabis Licensing Authority held its first meeting while there was growing anxiety amongst advocates and potential investors as to the development of the industry and requirements for licenses.

In July the Minister of Justice signed the Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) (Automatic Expungement of Convictions) Order 2015 to allow for the expungement of the records of persons with previous convictions for smoking ganja and possession of ganja where the sentence imposed was a fine not exceeding J$1,000 and the possession of pipes or other paraphernalia used for the smoking of ganja. This Order became effective on July 9.

In August the Minister of Industry Investment and Commerce at a press conference announced that the work on the ganja regulations for the industry was proceeding in eagerness and that consultants from the US-based research company BOTEC Analysis were engaged to assist with the development of recommendations for the country’s regulatory framework. The Minister also stated that recommendations to guide the development of the regulations for the ganja industry would be completed by the end of the following month.

The First National Congress of the Ganja Growers and Producers Association (GGPA) was held on September 12, where a majority of the members voted to accept a resolution to elect a President and two Vice Presidents tasked with representing the interest of the growers island wide. The GGPA also presented and adopted a Position Paper calling for the Government of Jamaica to establish two new legislations, namely the Cannabis Industry Development Act and the Rastafarian Sacramental Rights Act to govern the new approach to the ganja industry. The Cannabis Licensing Authority (CLA) in September issued a statement outlining the eight (8) point guiding principles for the sector. The Chairman of the CLA stated that these principles are intended to provide assurance, transparency and structure for persons seeking to operate in the official ganja industry.

In October, Jamaica for the first time had a representative to the Civil Society International Drug Policy training session on the United Nations Drug Conventions and drug control systems, held in The Netherlands by the Transnational Institute (TNI). This training was in preparation for the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on Drugs to be held in April 2016 in New York.The participants in this very important drug policy training were from Bolivia, Guatemala, Jamaica and Nicaragua.

The month of November proved to be the acme to the 2015 ganja year in Jamaica. The month began with the Department of Government (UWI, Mona) in collaboration with the Students for Sensible Drug Policy (UWI, Mona) Chapter, hosting the inaugural “Caribbean Students Drug Policy Conference”, that had presentations from not only students of the university, but also members of the local ganja community and the wider Caribbean. There was also the presentation of a Position Paper put forward by the students to be included in the discussions towards UNGASS 2016.

Another very historical event that took place from November 12 -15 was the Rastafari Rootz Fest, “Hightimes 2015 Jamaican World Cannabis Cup”. This was the first event to be granted exempt status under the amended DDA, Section 7D (8). The key features of the event were the display of various products made from ganja, “reasonings” on history and struggles of the Rastafarian community to achieve the acceptance of the use ganja for their sacramental rights. The “Jamaican Cannabis Cup” competition had several growers being recognized for cultivation in various categories, such as the “Best Indica Flowers”, with A.P.M by Junior Gordon capturing 1st place, and 2nd place going to Hawaiian Kush by Ziggy of Orange Hill, Westmoreland, while 3rd place to Milly Strain by St. Bess (St. Elizabeth) Ganja Growers. In the category of “Best Sativa Flowers”, 1st place went to Orange Hill Lemon by Juna Johnson of Orange Hill, Westmoreland, 2nd place to Skunk Ice by St. Bess (St. Elizabeth) Gowers, Devin Foss, and 3rd place to Cole #2 by St. Ann Botanical and Agro Processing Co-op. These awards demonstrated that the Jamaican ganja growers have the ability to compete with many excellent cannabis growers throughout the world.

During the November 18 – 21 International Drug Policy Reform Conference there was international recognition of Jamaica for its leadership in the Caribbean as it relates to the changing approach to ganja policy.Our Minister of Justice, Sen. Mark Golding was given the Kurt Schmoke Award for Achievement in the Field of Law at the International Drug Policy Reform Conference held in the Washington D.C. area. The International Conference also had seminal presentations from representatives of the Rastafarian Youth Council and the Students for Sensible Drug Policy (SSDP) UWI, Mona Chapter.

In addition to having representatives at International Drug Policy conference, Jamaica was also invited through the St. Catherine Ganja Growers and Producers Association to participate in the International Conference on Alternative Development 2 (ICAD2) held in Thailand from November 19 – 24. The main benefit of participating in this conference was the gaining of a first-hand view and knowledge regarding how previously illicit crops can be utilized in a manner that leads to greater development as was the case with Thailand and their opium poppy cultivation.

The year culminated with a very important meeting between the Chairman of the CLA and the Executive members of the Ganja Growers and Producers Association (GGPA) from across the island. At the December 19 meeting some members of the GGPA outlined their concerns about the slow pace of the regulations and licensing system for the potential ganja industry, while the Chairman stated the importance of getting the regulations right, in order to prevent any breach of our international obligations.

The other side of the story

However, amidst all these activities there was still a great level of scepticism and fear about the country’s new approach to ganja.  So much so that the National Council on Drug Abuse (NCDA) in July, launched an aggressive public education a campaign against the use of ganja, in which they never failed to remind the Jamaican populace that “ganja was still illegal”.  There was also a proliferation of articles forecasting the doom and gloom that would be brought on by the impending ganja industry.  Articles such as “Lives going up in (ganja) smoke” published in August, highlighted stories of young men being “damaged irreparably by the weed”, and articles such as “Is ganja a saviour or seducer?” published in September which stated that the amended DDA was giving “law-breaking young people a bly”.  These serve as examples that there are many persons in the Jamaican society that have very strong reservations regarding the changing of policy approach to ganja and the development of the potential ganja industry.  It therefore means that there is a lot of work to do locally as well as internationally in relation to changing the attitudes of people towards ganja in 2016.

What is “High” on the Ganja Agenda 2016?

The UNGASS 2016 on the World Drug problem, which is to be held in April will provide an opportunity for Jamaica to present its new approach to the policy on ganja regulation and also influence the international discourse on the subject.  But before getting to the UNGASS in New York, there will be the need for advocates such as the Rastafarian Community, GGPA and other civil society groups to become engaged in a meaningful way in the international discussions relating to the approach to regulation of illicit plants such as cannabis.  It is hoped that the “2nd Cannabiz Business and International Investors Conference” scheduled for January 27 – 28, 2016, will discuss the international drug policy framework in relation to the UNGASS 2016.  It would similarly be important for civil society groups to participate in the “Informal Interactive Stakeholder Consultation for the General Assembly Special Session on the World Drug Problem (UNGASS) 2016, so as to get a better understanding of the international discourse while putting forward their positions. So in the final analysis it can be stated that for 2016, the issue of ganja regulations and a potential industry will not only be “high” on the local agenda, but also that of the international community.

 

Vicki Hanson is a PhD candidate in public policy at the Department of Government, University of the West Indies, Mona, and a ganja reform lobbyist. She is also a member of the Cannabis Commercial and Medicinal Research Taskforce (CCMRT) and a committee member of Ganja (Future) Growers & Producers Association. Send comments to: vicki.hanson@gmail.com


 

Featured photo: Vicki Hanson at the Global Forum of Producers of Prohibited Plants, Heemskerk (Photo credit: Floris Leeuwenberg)

Hacia el II Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas

Texto: Pien Metaal (7th December 2015 por Cáñamo)

Una de las poblaciones en el mundo más afectadas por las irracionales políticas de drogas hoy en curso es la comunidad de cultivadores de las plantas de cannabis, coca y amapola, consideradas de uso ilícito. Esta población es también la menos visible y escuchada, tanto dentro del mundo agrícola como en la esfera de los reformistas de las políticas sobre drogas. 

Photo credit: Transnational Institute

La prohibición y la limitación del cultivo de estas plantas para usos científicos y médicos, establecidas por los tratados internacionales de drogas desde 1961, coinciden con una época en que la demanda para sus usos, tradicionales y modernos, estaba en aumento. Los resultados de esta prohibición se han hecho sentir en las regiones rurales en muchas formas negativas, y sus principales víctimas han sido las familias campesinas, que sustentan sus precarias economías con esos cultivos.

La principal intervención estatal en las zonas de producción, que en su mayoría son las zonas rurales más subdesarrolladas y que sufren un mayor abandono del estado, es la erradicación a la fuerza. Estas operaciones son ejecutadas en su mayoría por tropas militares o policiales armadas, con un despliegue de fuerza tan desproporcionado que raya en el absurdo, sabiendo que los adversarios no son más que plantas y campesinos pobres. Cuando las comunidades ofrecen resistencia a este tipo de violencia, la respuesta estatal es más violencia con un saldo de muertos, heridos, detenciones y desplazamiento de la población. La otra conocida receta que se aplica a los cultivos es la erradicación aérea a través de aspersiones químicas, con consecuencias igualmente nefastas para las comunidades.

Hasta la fecha, estas estrategias no han tenido ningún o muy poco impacto en la disponibilidad en el mercado mundial de las drogas producidas a partir de estas plantas. Los proyectos del mal llamado “desarrollo alternativo”, diseñados más para neutralizar los efectos de las erradicaciones que para ayudar a los productores –pues hasta ahora no han logrado generar un verdadero desarrollo sostenible rural–, en la mayoría de los casos ni siquiera han conseguido prevenir la resiembra. Hablando con un representante gubernamental de Tanzania durante el debate temático de la Comisión de Estupefacientes en marzo del 2015, me dijo: “Todos los años es la misma historia, volvemos a las comunidades para erradicar sus plantas de cannabis y los dejamos sin ingresos, sabiendo que el próximo año volverá a suceder lo mismo”.

Con el fin de que los puntos de vista de los productores agrícolas formen parte también del debate mundial –particularmente ahora, dada la proximidad de la celebración de la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas, UNGASS 2016–, el TNI organizará un Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas a principios del 2016. Con el antecedente del I Foro Mundial de Productores de Plantas Declaradas Ilícitas (FMPDI), celebrado en Barcelona en enero del 2009, otra vez se reunirán alrededor de setenta representantes de campesinos de todo el mundo. La reunión será de tres días, durante los cuales trataremos de llegar a un pronunciamiento respecto de la situación que se vive en las regiones productivas y sus habitantes, para presentarlo en la UNGASS.

Para tal fin, se ha conformado un comité de impulso, compuesto por miembros de Asia, América Latina, el Caribe y África, el cual se reunirá por vez primera en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo, que tendrá lugar en Bangkok (Tailandia), en noviembre del 2015. Durante esta conferencia, que tiene un carácter gubernamental, organizaremos un evento paralelo para discutir y encontrar modos de influenciar las posiciones tomadas por los gobiernos en esta temática.

En el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (Civil Society Task Force, CSTF), creado por los comités de ong de Viena y Nueva York, el TNI asumió la representación de la población campesina involucrada en el cultivo de uso ilícito, con miras a la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, en abril del 2016. A pesar de las limitaciones obvias de una iniciativa como esta –el CSTF tiene miembros de distintas convicciones y, como consecuencia, sus recomendaciones tendrían que tener el visto bueno de todos sus integrantes–, merece la pena usar cada espacio disponible para argumentar la necesidad urgente de cambiar las políticas nocivas actuales desde la perspectiva campesina de los productores de plantas prohibidas.