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Drogas ilícitas: un acuerdo con sentido común

Drogas ilícitas: un acuerdo con sentido común

Sep. 17 de 2016

Por: Pedro José Arenas García,

coordinador, Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (ocdi) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

En el punto 4 del Acuerdo Final se definió que los cultivos han tenido un uso ilícito, los campesinos son ciudadanos sujetos de derechos y es necesaria una nueva política e institucionalidad para lograr un gran pacto de sustitución voluntaria.

Colombia ha sido escenario de todo tipo de acciones coercitivas, impuestas unas veces por convenciones internacionales, potencias consumidoras y, otras, por sus propias élites. En el marco del conflicto interno se creyó que la causa de la oposición armada estaba sostenida por campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana.

Para diseñar este punto en la agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas”, la Mesa de Conversaciones convocó a discusión las premisas relacionadas con la reducción de la oferta de drogas.

Para ello, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), fue organizado un foro en Bogotá que abordó las iniciativas y alternativas dirigidas a una mejor comprensión de la realidad de los cultivos, los asuntos de salud que conciernen al consumo y los desafíos que entraña el combate a los grupos criminales que se lucran de ese mercado. En el evento participaron delegaciones de una veintena de departamentos, así como académicos y especialistas nacionales y extranjeros.

Otra reunión en Guaviare facilitó el encuentro de experiencias en materia de desarrollo regional. Allí, las voces de organizaciones sociales, autoridades locales, funcionarios del gobierno central y productores de coca –algunos inmersos en programas de sustitución– elaboraron conjuntamente una serie de propuestas. Entre ellas, destacaron la solicitud del fin de las fumigaciones aéreas, la erradicación forzada y la necesidad de la concertación de los proyectos con los directos implicados en este tipo de agricultura, considerada ilegal.

Cuando el Gobierno y las farc alcanzaron el acuerdo sobre drogas ilícitas reconocieron que el conflicto armado tuvo causas ajenas y anteriores a la aparición del narcotráfico. Señalaron que para lograr una Colombia en paz y sin “el problema de las drogas” es necesario alcanzar consensos con los países consumidores. Además, precisaron, los cultivos existen por razones de pobreza rural, marginalidad, falta de presencia del Estado en los territorios y carencia de servicios elementales, que permitan la garantía de derechos básicos para los más pobres, entre otros aspectos.

Luego, las partes enlistaron las principales consecuencias del mercado de drogas para construir una nueva política que incorpore un tratamiento diferenciado, basado en la evidencia científica.

Reducción de daños, la prioridad

La nueva política tendrá un enfoque de derechos humanos y salud pública y contempla un tratamiento especial a los “eslabones débiles” de la cadena de drogas, es decir, a los campesinos cultivadores y las personas que usan sustancias adictivas.

Esa nueva visión reconocerá y defenderá los usos ancestrales y desarrollará usos médicos e industriales basados en aquellas plantas; asimismo, fue acordada la inclusión de los enfoques territorial, de género y ambiental. De igual manera, en un marco de seguridad garantizada por instituciones estatales, se facilitará un alto nivel de participación ciudadana.

La Mesa de Conversaciones logró algo aún más interesante: ligó el fenómeno de los cultivos con los problemas de la tierra. Además, indica que el punto cuatro 4 debe verse como un capítulo especial del punto 1 “Política de desarrollo agrario integral”. Es decir, como parte de la transformación estructural del campo colombiano, debe fomentar el buen vivir de las poblaciones rurales y la materialización de los principios y normas del Estado social de derecho. Por eso, la implementación de los proyectos en comunidades donde hay cultivos debe comprender programas diseñados a partir del punto de reforma rural.

El reto de seguridad que afrontarán los territorios cuando las guerrillas dejen sus armas fue asumido de forma realista, lo cual es un gran desafío. El Gobierno y las FARC reconocieron que el mercado de drogas es una realidad que empuja a las organizaciones criminales por las rentas que genera el narcotráfico. Por ello, el punto 4 hace énfasis en una persecución del delito generado por bandas que buscan el enriquecimiento personal, a través de la corrupción, la inseguridad en las zonas de cultivo, tránsito y consumo y perversión del sistema político.

Este acuerdo contempla el compromiso de las farc “de poner fin –en un escenario de fin del conflicto– a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno” (sic). Dicha responsabilidad ha sido destacada por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En ese ámbito está inscrito el esfuerzo conjunto especial de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, adoptado por las partes para once veredas de Briceño (Antioquia). Dentro de las acciones prácticas que validan la decisión de avanzar en esta dirección, también, están los programas de desminado humanitario que cuentan con la participación activa de la onu.

Si bien los diálogos de paz sirvieron para reconocer que los cultivos de coca y la pasta base han sido parte de las economías de guerra, la Mesa de La Habana abordó este fenómeno desde la perspectiva de reducción de daños y señaló que las acciones inconsultas sin la participación de quienes están directamente afectados por las políticas son una equivocación que el país puede corregir.

El fin del conflicto es una oportunidad para ello y la construcción de paz debe incluir la creación de una nueva institucionalidad con el compromiso decidido del Estado de incorporar como ciudadanos a las personas que han cultivado materias primas de las drogas o consumido aquellas sustancias.

Edición:

World Drug Report 2016 on Sustainable Development

THE WORLD DRUG PROBLEM
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CHAPTER 2
WORLD DRUG REPORT 2016
INTRODUCTION
From illicit cultivation and production to trafficking and use, the world drug problem, with all its ramifications, is intertwined with a vast array of social, economic and environmental issues. This exerts great pressure on development efforts, which in turn have an influence on the drug problem. Interventions made in response to the drug problem themselves generate further interplay with the broader development and social context and introduce additional, sometimes unforeseen, complexity to this dynamic. The importance of this interaction is increasingly being recognized by the international community, as reflected in the discussions on the Sustainable Development Goals and the special session of the General Assembly on the world drug problem held in 2016.
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_Chapter_2.pdf

El Gobierno de México y UNODC lanzan el primer reporte de “Monitoreo de Cultivos de Amapola en México 2014-2015”

22 de junio de 2016, Ciudad de México.– De acuerdo con el reporte “Monitoreo de Cultivos de Amapola en México 2014-2015” los resultados del estudio de estimación de superficie sembrada de amapola para el periodo de estudio mencionado anteriormente, arrojaron el siguiente resultado:

  • Valor alto: 28,100 hectáreas.
  • Valor medio: 24,800 hectáreas.
  • Valor bajo: 21,500 hectáreas.

Los resultados anteriores corresponden a un intervalo de confianza del 95%. Los cultivos de amapola observados se localizaron principalmente en la Sierra Madre Occidental, sobre los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit; así como en la Sierra Madre del Sur en los estados de Guerrero y Oaxaca.

Con respecto a la estimación de superficie de cultivos ilícitos de marihuana, el estudio señala la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo de instrumentos metodológicos más confiables. Esto debido a la naturaleza propia de los cultivos de marihuana.

El reporte “Monitoreo de Cultivos de Amapola en México 2014-2015” es el resultado de los trabajos realizados en el marco del proyecto denominado “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano”, implementado por UNODC y el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Este proyecto dio inicio en agosto del 2012 con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno de México en la detección de los cultivos ilícitos con alta precisión,  para desarrollar  políticas públicas integrales encaminadas a brindar soluciones al problema de los cultivos ilícitos en el país.

Actualmente se está realizando un segundo estudio para el periodo comprendido de julio 2015 a junio 2016, lo que permitirá comparar la información referente a la dinámica de los cultivos de amapola en México.

Para más información contactar a Victor Aguirre (victor.aguirre@unodc.org).

Consulta aquí el Informe completo.

Tangier Appeal

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Emanating from the International Forum on Kif and drugs

Under the theme “All for alternatives based on the sustainable development of health and human rights”

Friday 18th and Saturday 19th, March 2016

Region of Tangier-Tetouan-Al Hoceima

We, the participants of the International Forum on Kif and Drugs organized by the Tangier-Tetouan-Al Hoceima region and in collaboration with the ALCS and the Senhaja Rif associations Confederation for development.

This Forum saw the effective participation of the Economic, Social and Environmental Council (ESEC), the National Human Rights Council (NHRC), academics, civil society actors and national and international experts. It took place on Friday 18th and Saturday 19th of March 19, 2016 in the premises of the region of Tangier-Tetouan-Al Hoceima.

Considering:

  • The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, in particular Article 12 and Comment 14 of the Committee on Economic Social and Cultural Rights
  • The preamble to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, in particular the commitment of States Parties to the health and well being of humanity
  • Sustainable development program in 2030 entitled “change our world” and adopted by the UNGA resolution A / 70 / L.1 of 18 September 2015;

 

Taking into consideration in particular:

  • The conclusions of the OHCHR study of 4th of September 2015 (A / HRC / 30/65) on the impact of the world drug problem on human rights, and in particular the Recommendation on the eradication of obstacles to the right to health of drug users, the decriminalization of possession and personal use of drugs, the right to a fair trial in the context of judicial management of drug problems, and reflection on alternatives to prosecution and deprivation of liberties.
  • The 51/12 decision of the Committee on Narcotic UN on strengthening cooperation between UNODC and other UN agencies to strengthen human rights in the context of the implementation of control International implementation of international treaties of the fight against drugs
  • The UN Special Rapporteur’s findings for the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health attainable of 6 August 2010 (A / 65/255) and measures relating to recommendations to limit harm as detailed by UNAIDS; to decriminalize or abolish penalties on the possession and consumption of drugs; to reform laws and policies that present obstacles to drug users to benefit from basic health services and finally to ensure that policies against drug respect human rights and allow reflection on development of a regulatory framework for long-term drug
  • The Global Commission reports on Drugs and in particular the June 2011 report entitled “the fight against drugs” that concluded to the failure of punitive and penal policies as basic strategies against drugs in achieving fundamental objectives and recommended an examination of the policies against drugs to ensure the reduction of risks to people and groups, national security, the reduction of crime in relation to drugs by improvement of living conditions of the most vulnerable groups, including cannabis growers, and develop policies that allow the pull of the poverty they live. The report recommended that governments experiment with legal models that help combat and reduce the influence of organized crime and the protection of health and safety. These recommendations are applicable to the field of cannabis by the Global Commission.

Recalling that our efforts are part of preparations for participation in the UN General Assembly Special Session on Drugs and Crime to be held in New York between 19th and 21st of April,

Recalling efforts from civil society within the scope of the global movement for advocacy to highlight the failure of the war against drugs conducted over the past four decades

Affirming, from our local field experience, the need to develop integrated public policies, ensuring participatory realistic alternatives that combine human and territorial development, and ensuring effective access to cannabis farmers experiencing poverty and vulnerability to economic, social and cultural rights guaranteed under the Constitution and under international conventions to which Morocco has ratified or to which it has adhered;

We announce our commitment to the realization of the principle of non-impunity towards domestic and international crimes related to drugs, according to the Conventional obligations of Morocco and domestic laws and obligations of judicial cooperation;

We express our awareness of serious risks emanating from current international policies to fight against drugs and in particular the effects that strengthen the links between drugs and terrorism and violations of human rights;

We consider the final draft document, published on February 25th, 2016, was limited only to the prohibition of drug use based on the vision of a world free of drugs. This approach does not frame with the orientation of the various UN agencies that highlighted its limitations, its negative effects on public health, human rights, economic and social development, including current trends in the United Nations Office against Drugs and Crime, the United Nations program on AIDS, the World Health Organization, the United Nations Development Programme and the United Nations Program for Women, and the UN High Commissioner Bureau of Nations on human rights. These agencies have proven that repressive policies towards drug use and growers of native plants including Kif, have a negative impact

We recommend the following:

For participants in the UN General Assembly Special Session of the on Drugs and Crime to be held in New York between 19 and 21 April,

  1. in the field of fight against drugs adopt international policies based on the right to sustainable development, public health and human rights, given the harmful effects and non-productive policies based only on penalization and criminalization;
  2. the final report of the special session of the UN General Assembly on Drugs currently being negotiated should be concluded with recommendations that are based in particular on the following:
  3. a) the promotion of effective national policies, taking advantage of the areas of global and regional cooperation and the sharing of good experiences regarding alternative development with the culture of kif;
  4. b) a clear commitment to work to reduce the incidence of HIV and hepatitis among drug users, as well as a range of measures to combine prevention, treatment and care, as stipulated by the joint United Nations program;
  5. c) a commitment to provide support and protection to drug addicts rather than the punitive policy and repressive currently in place by the development and implementation of alternatives to criminalization, prosecution and imprisonment and sanctions, particularly the consideration of the International Narcotics Control Board 2007 report in this area and other relevant reports and as well as the general principles of proportionality enshrined in the international human rights law
  6. d) a stronger commitment against the death penalty in cases of drug-related offenses, in accordance with Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, and the Council’s position on human rights and the United Nations Office against drugs and crime;
  7. e) the recommendation to remove criminal penalties for simple drug use or cultivation of Kif and work to find alternative solutions based on sustainable development

Recommendations of national scope:

Participants in the international forum recommend continuing collective reflection between the various institutions involved in the following:

1) Take advantage of the current opportunity to reform the Penal Code to provide:

  • Amendments of Dahir No. 1.73.282 of 28 April 1394 (21 May 1974) on drug abuse and addiction in order to decriminalize drug use and replace custodial sentences by therapeutic measures based on the respect of drug addicts’ rights and dignity.
  • Amendments of the Dahir 1974 quoted above in direction of the decriminalization of regular, supervised cannabis agriculture within the scope of the legalization and state control of culture for legitimate domains..

2) Deepen collective and participatory reflection on appropriate legal solutions guaranteed by the Constitution to the situation of growers of cannabis prosecuted under the provisions of the Dahir of 1974 currently in effect.

3) Reform of the legal system on the fight against discrimination in order to organize the legal penalties for discrimination because of the status of current or future health which will help to remove barriers in access to care for PLWHA and the rest of vulnerable groups

4) Developing integrated public, national and territorial policies towards economic and social rehabilitation of poor cannabis farmers and their families, allowing them out of poverty and ensuring their access to their social and cultural economic rights.

5) In all solutions and proposed policies including those related to the fight against drugs and risk reduction, Support an approach based on human rights and sustainable development, and the fight against discrimination and gender equality, as guaranteed by the Constitution and international conventions ratified or signed by the Kingdom.

A Poem by Lloyd Narcisse

 

The Presence……The Shining REGAL Presence

A Poem By Lloyd Narcisse

burmese lady in front of painting

Since She was in tribal dress

Attending the Forum

None of us wondered

Where She was from

 

Instead we basked in Her radiance

This Matriarch of the Shan

Treasuring each loving glance

Bequeathed to every woman and man

 

Of course this Presence,…

Had its effect on me

But

I was totally unprepared,

To hear Her story

 

This beautiful woman

Bedecked in finery

Spread a joy and solace among us

Which denied the tragedy;…………………

 

Of a life of travail

Toil and slavery

During which She married

and raised a family

 

Living a life in which

They and five children

Were always Set Upon….

In a Golden Triangle??

Forced to farm Opium??

 

Incarceration, torture and murder

Which took away Her husband

Has not diminished the Power

That She shines upon the land

 

Rather Her power is  ENHANCED

……Seems to Me

I sat beside Her and asked myself

How could this be??

 

How could She still remain

Such a Loving, wonderful thing……….

Remaining Regal

In  the face of men

Who declare themselves; King

 

I am One King

Deciding

On This Day

When I Grow Up

I will be………

Just like HER!!

Photo credit: Floris Leeuwenberg
Photo credits: Floris Leeuwenberg